SANTO DOMINGO. – El titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que la corrupción en el sistema de justicia representa una de las formas más graves de corrupción, debido a su impacto en la seguridad jurídica.
El procurador adjunto señaló que este tipo de prácticas afecta directamente la aplicación del derecho. Indicó que también debilita la confianza en las instituciones.
Camacho calificó como grave el caso que involucra al fiscal adjunto Aurelio Valdez Alcántara. El funcionario es acusado de recibir 10,000 dólares.
Según las autoridades, el dinero habría sido entregado por Roberto Canaán. Este último figura como testigo en el caso Senasa.
El imputado enfrenta cargos por soborno. De acuerdo con el Ministerio Público, solicitaba dinero a cambio de influir en procesos bajo su responsabilidad.
El procurador indicó que el arresto se produjo mediante una operación de “entrega vigilada”. Esta técnica fue autorizada judicialmente.
El operativo permitió detener al imputado en flagrante delito. Según explicó, la acción forma parte de un proceso de control interno.
Camacho señaló que estas medidas buscan detectar conductas ilícitas dentro de la institución. También reiteró la política de tolerancia cero.
El Ministerio Público mantiene abierta la investigación. Las autoridades buscan determinar si hay otras personas implicadas.
Asimismo, se analizan posibles vínculos con otros procesos judiciales. El objetivo es establecer si hubo más casos afectados.
El procurador indicó que continúan recolectando evidencias. Estas permitirán definir el alcance del caso.
Camacho reiteró que cualquier acto de corrupción será llevado a los tribunales. Indicó que la institución no encubrirá irregularidades.
Señaló que el combate a la corrupción en el sistema de justicia es una prioridad. También destacó la importancia de garantizar transparencia.
El funcionario afirmó que estas acciones buscan fortalecer la confianza en el sistema judicial. Además, contribuir a la aplicación correcta de la ley.
